• Escrito por Fernando Ruiz
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EL PASAPORTE DE LA VERGÜENZA

Hace unos días el Gobierno Vasco acaba de decidir seguir imponiendo durante quince días más el llamado Certificado Covid, también denominado “pasaporte de la vergüenza”. Finalmente el TSJ del País Vasco, en un alarde juicioso por fin, no lo ha ratificado y lo ha echado para atrás.

Este certificado se exigía hasta ahora en el País Vasco a todos los ciudadanos para poder acceder a determinados locales, como son el interior de la hostelería, gimnasios, polideportivos, espectáculos, etc., y con la extensión de la medida que pretendían, también que fuera obligatorio para acceder a hoteles, alojamientos turísticos y salones de juego.

En su decreto, el Gobierno Vasco se basaba para imponer este certificado en un informe aportado por la Dirección de Salud Pública y Adicciones que ponía de manifiesto “la abundancia de datos científicos que avalan que una posible medida eficaz para hacer frente a la transmisión de la enfermedad a nivel comunitario y para facilitar el desempeño de las actividades reguladas en este Decreto de una manera más segura para las personas asistentes, así como para las personas trabajadoras de los locales y establecimientos mencionados, sería la implantación de la exigencia de hallarse en posesión de un Certificado Covid Digital de la Unión Europea (QR) para el acceso a los lugares donde se desarrollen las mismas.”

Este es el fundamento oficial en que se basaron para esta imposición, haciendo mención a un informe que nadie ha visto y que habla de “abundancia de datos científicos” que avalan supuestamente la medida, pero realmente todos sabemos que el objetivo principal no es más que el de arrinconar a las personas no vacunadas, para conseguir así su forzamiento a vacunarse. Y esto lo hemos oído, sin tapujo alguno y con total descaro, en palabras de varios dirigentes nacionalistas, como por ejemplo, nada menos que el Vice Consejero de Salud del Gobierno Vasco, diciendo en un programa de radio que la exigencia del pasaporte Covid no era una medida sanitaria, si no pedagógica. Y más recientemente, en boca del Portavoz del Gobierno Vasco Bingen Zubiría, diciendo que este certificado se impone para animar a la gente a que se vacune. Y por supuesto sin olvidarnos de la Consejera de Salud Gotzone Sagardui, apremiando hace dos días al TSJ para que resuelva con la mayor celeridad el futuro del pasaporte Covid, por ser muy útil para potenciar la vacunación de la población.

Es claro, por mucho que nos quieran vender lo contrario, que este documento exigido para entrar en muchos locales y para poder acceder a determinados servicios, se ha impuesto para, parafraseando a Macron, “joder” a los nos vacunados. Los dirigentes del PNV y los integrantes del Gobierno Vasco, con el triste Urkullu a su cabeza, ya sabemos que son muy finos como para emplear esta palabra en su jerga, pero eso no quita que lo empleen con igual sentido.

¿Cómo ha llegado a este punto el Gobierno de Urkullu, para imponer esta medida dictatorial, que claramente vulnera derechos fundamentales de los ciudadanos, como en su momento así lo dictaminará sin duda el Tribunal Constitucional? Se puede apreciar a lo largo de todos estos meses un cambio radical en el criterio que seguían. De hecho, no hay más que recordar las palabras pronunciadas por el portavoz del Gobierno Vasco Bingen Zupiria el pasado 16 de noviembre, cuando planteaba sobre la vacunación “¿hasta qué punto podemos poner limitaciones con algo que no es obligatorio?”.

Estos reparos, sin embargo, les duraron bien poco, cuando vieron que si otros gobiernos lo habían hecho ya, ellos no podían ser menos. Así que se pusieron manos a la obra, y a pesar del primer encontronazo negativo con el TSJ, el Tribunal Supremo les dio la razón y emprendieron su particular Santa Cruzada contra los no vacunados.

En estos momentos, países enteros y varias CC.AA. ya están reculando de esta medida, como Cataluña, por ejemplo, que ha sido una de las primeras y que más fuertes medidas restrictivas puso, y que ha manifestado, junto con Asturias y Cantabria, que no tiene sentido mantener ya esta imposición, principalmente por que ha perdido su fuerza como medida coercitiva para animar a vacunarse, y tras la entrada de la variante Ómicron, con tantos miles de contagios.

Del mismo modo también se han levantado muchas voces sanitarias autorizadas en contra de mantener esta medida impositiva, principalmente porque carece de sentido no dejar acceder a gente no vacunada cuando los vacunados contagian y se contagian de igual manera. No tiene ningún sentido cuando estas inoculaciones ya han demostrado por activa y por pasiva, y ahora con Ómicron dando la puntilla aún más, que no inmunizan en absoluto. Por tanto, lo único que consigue esta medida, además de poner trabas y discriminar a los no vacunados, es que los ya inoculados entren en los locales con total impunidad, al creerse seguros por haber sido distinguidos y premiados con ese certificado, y pensar que están exentos de todo mal por no tener que compartir espacio con personas que se han negado a meterse esas mal denominadas vacunas.

Y esta obsesión del Gobierno Vasco y de su Lehendakari por mantener esta medida absurda se ha convertido ahora ya, claramente, tras su decisión de prolongarla, en una actitud de soberbia y prepotencia, para así enviar el claro mensaje de que siguen siendo ellos los que mandan sobre nuestros derechos y nuestra salud, mucho más tras la manifestación habida en Bilbao hace unas semanas contra esta medida dictatorial, con más de 15.000 personas participando (cifra oficial que queda muy por debajo de la real, llegando fácilmente a doblarla), que le produjo un fuerte sarpullido al triste de Urkullu, llamándole públicamente dictador y nazi.

Y se nota que se encuentra dolido en su orgullo cuando manifestó hace unos días que no iba a entrar en el debate de si el pasaporte Covid ya había cumplido su función, criticando de paso a los no vacunados y pidiendo que sean solidarios cuando el resto de la sociedad vasca lo está siendo. Y es que tiene que resultar muy duro para alguien como él, aprendiz hitleriano por capítulos, que exista un grupúsculo de personas (que en realidad es mucho más 3 grande que las cifras oficiales que nos dicen) reacia a vacunarse, y que no se pliega a las posturas coercitivas y represoras de un gobierno despótico como el suyo.

Y ante las innumerables críticas recibidas por esta ampliación de las medidas restrictivas en Euskadi, Urkullu nos ha dejado las más grande evidencia de hipocresía que se pueda hacer, al manifestar que “todos nos sentimos capacitados para hacer valoraciones cuando corresponde en todo caso a las autoridades sanitarias. Dejemos de ser los más expertos en lo más desconocido y dejemos que sean las autoridades sanitarias las que marquen el camino”. Es muy fácil escudarse en las autoridades sanitarias para prologar las medidas, pero se le olvida decir a este triste personaje gris que las autoridades sanitarias de las que habla, son en primer lugar también autoridades políticas, y que en el LABI priman precisamente los cargos políticos y mucho menos, los sanitarios. Por eso esta medida, desde el principio y ahora con su prolongación aún más, es una disposición política creada para subyugar a un sector de la población al que se considera rebelde e insumisa, y a la que hay que someter, y desde luego en absoluto sanitaria, como ha quedado bien demostrado.